Mayo 1999

El discurso de todos los dirigentes políticos indica que sin inversión en nuestra gente, que es lo mejor que tenemos, no es posible insertarnos en el concierto de las Naciones. Nos dicen, gobernantes y aspirantes, que la educación es una prioridad nacional. Que es el mejor instrumento para combatir la desigualdad y la pobreza. Se afirma que el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología es necesario para incrementar nuestra productividad, calidad e innovación productiva. Pero a la hora de tomar las decisiones lo primero que se recorta es el presupuesto para sostener estas funciones prioritarias del Estado. Por ello: Repudiamos la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional por la que se recortan recursos destinados en el presupuesto nacional para financiar la inversión en todos los niveles de la educación y para el desarrollo científico y técnico de nuestro país.

Somos conscientes y sensibles de la difícil situación que atraviesa nuestra economía, pero no podemos aceptar que la variable de ajuste sea precisamente la educación pública. El Poder Ejecutivo Nacional dio muestras de reflejos rápidos a la hora de defender el sistema financiero y utilizó recursos públicos para sanearlo. De igual manera reaccionó cuando tuvo que realizar reintegros para la importación de plantas llave en mano por parte de las grandes corporaciones por la unificación del arancel común para los bienes de capital impuesto en el Mercosur. También cuando River necesitó un terreno para expandir sus predios deportivos. O bien cuando hubo que incorporar una cancha de golf en Olivos. Cuando hubo que ayudar a la obra social de la UOM con cientos de millones de pesos. Cuando por un capricho presidencial hubo que construir un aeropuerto internacional en Anillaco. Un gobierno austero hubiera tomado otro tipo de medidas cancelando secretarías y subsecretarías, gastos reservados, restringiendo los viajes, nombramiento de asesores de dudosa eficacia, gastos de publicidad que ya nos apabullan, disminución de viáticos que equivalen por día al sueldo mensual de un maestro, vendiendo lujosos automóviles, aviones y helicópteros oficiales y en definitiva eliminando todo gasto innecesario antes de atacar la educación pública.

Como responsables de la conducción de la Universidad Nacional de Salta nos vemos en la obligación de informar a la opinión pública la lamentable situación que deberemos enfrentar en el curso del presente año ante esta decisión. La información extra oficial nos indica que dicha medida implica una disminución de un millón seiscientos treinta mil pesos (1.630.000 $) para el corriente ejercicio. Es de destacar que se trata de una decisión inconsulta que no tiene en cuenta los daños de carácter irreversible que puede llegar a causar a la juventud de nuestra provincia.

Sin estos recursos, conseguidos por unanimidad del Congreso Nacional gracias a un paciente esfuerzo de muchos legisladores que supieron interpretar una sentida demanda social, no es posible asegurar el normal funcionamiento de los servicios de enseñanza, investigación y extensión que nuestra universidad debe llevar a cabo para cumplir con los compromisos asumidos con nuestros alumnos, con sectores de la comunidad, con organismos científicos, con empresas y con instituciones extranjeras. Tampoco se puede asegurar el normal pago de los salarios de nuestro personal, ni la designación del personal necesario para la apertura de los cursos que demandan las carreras de reciente creación y otras más antiguas que no han completado sus cuadros docentes. Hacemos responsables de los perjuicios emergentes de esta dramática situación al Poder Ejecutivo Nacional y solicitamos, una vez más el apoyo de nuestros legisladores para evitar los daños que pueden llegar a producirse de persistir los alcances de estas medidas. Es más, tampoco podemos siquiera contestar las demandas de nuevas carreras que son cada día más sentidas en nuestra sociedad.

La comunidad de nuestra universidad, al igual de lo que está ocurriendo en otras ciudades de nuestro país, no aceptará este recorte y a partir de la próxima semana desde el Consejo Superior se pondrá en marcha un plan de lucha que pretende contar con el apoyo de toda la sociedad de Salta, del gobierno provincial y de los dirigentes políticos, gremiales y empresarios en defensa de la educación pública, por cuánto Salta no admite más postergaciones del gobierno nacional. Asimismo adelantamos que resistiremos por todos los medios legales a nuestro alcance el recorte presupuestario a nuestra universidad.