Señalaba Montesquieu en Las cartas persas que los españoles que no eran quemados tenían tal afición a la Inquisición que sería una pena quitársela. Puede que tuviera razón, no sé. En todo caso preferiría que su comentario se aplicara sólo a los españoles del XVIII. Pues me he acordado de él al saber que la IX Conferencia Ordinaria de Universidades en su resolución 13/98 ha solicitado que por el CEUB se abra un juicio por difamación contra el libro La reforma de la Universidad Pública de Bolivia elaborado por un equipo que tuve el honor de dirigir. La resolución dice expresamente que se inicien las acciones legales correspondientes contra el citado libro.

Que nada menos que la Conferencia de Universidades se ocupe de nuestro libro es todo un honor, aunque me pregunto si se va a ocupar de todos los libros que se editan y si no tiene cosas más importantes que hacer . Pero que pretenda nada menos que procesar un libro, es decir, llevar a los tribunales un libro que, científicamente, analiza una institución pública, es una idea tan peregrina y surrealista que merece un comentario, aunque sea a vuelapluma y desde varios miles de kilómetros de distancia.

Normalmente de los libros se ocupan los críticos y los lectores, no las conferencias universitarias, los parlamentos o los tribunales. Y desde luego a nadie podría sorprender que se critiquen los libros pues para eso están, para ser discutidos, debatidos, aceptados o rechazados, y no solo con frialdad sino también con vehemencia. Pero siempre con el apoyo de argumentos, datos o razones. El mejor modo de criticar un libro es, por supuesto, escribir otro. Ahora bien, que se sustituya la crítica de los libros por su procesamiento legal, por el envío a la pira o su exhibición para escarnio en el ágora pública, son métodos de crítica no por conocidos menos obsoletos. Y usualmente poco eficientes pues aumentan el interés por el libro blasfemo y a veces incluso consiguen que se agote la edición, como ya sabía el gran Inquisidor Torquemada, cuyo quinto centenario algunos deberían celebrar (fue el 16 de septiembre pasado). Pues no ha muerto, se ha re-encarnado en el Altiplano.

Bromas aparte, esa reacción por parte de algunos personajes del CEUB o de algunos universitarios no nos sorprende lo más mínimo. Al contrario, viene a confirmar plenamente que los análisis que hacemos son correctos si bien, quizás, poco osados.

Efectivamente, el informe comienza justamente señalando la gran dificultad existente para llevar a cabo un debate abierto sobre la reforma de la universidad boliviana, debido no tanto a la hiperpolitización de la opinión pública universitaria (como se cree con frecuencia), sino, lo que es mucho peor, a su control corporativo. No es la autonomía de la Universidad -señalábamos- lo que es un problema. Es su total falta de autonomía universitaria, su puesta al servicio de intereses que nada tienen que ver con los intereses de la Universidad, de la ciencia o del conocimiento. Y así, la tupida red de intereses que, a través de una torcida - y anticonstitucional- interpretación del cogobierno y de la autonomía, se yergue hasta la misma cúpula del CEUB, conformando una verdadera nomenclatura repleta de apparachiks celosos de su parcela de poder, ejerce la censura sobre la opinión pública universitaria inhibiendo la simple expresión de las ideas.

Y por ello denunciábamos como extremadamente grave la práctica de los procesos de censura a profesores, autoridades o estudiantes disidentes..., censura pública que equivale a un linchamiento moral, atenta gravemente a la libertad de expresión e incluso de cátedra, implica restablecer los viejos tribunales de honor -hoy prohibidos en la mayoría de los textos constitucionales- y,...genera una constante autocensura en el debate y la expresión pública. El resultado de todo ello es impedir no ya la formación de consensos que resulten de una comunicación no-distorsionada, sino, lo que es aun más grave, la misma definición realista de los problemas, algo sin duda esencial para conservar blindadas ideologías ya retóricas, pero letal para la reforma democrática de la universidad (p.252).

No es un juicio gratuito. A lo largo de las numerosas entrevistas que tuvimos con los ejecutivos del CEUB, con rectores y con otras autoridades académicas, profesores y estudiantes, comprobamos una y otra vez que, con frecuencia, lo que afirmaban en privado, no podían decirlo en público por temor a un juicio por difamación o a represalias de sus pares. Tanto durante los dos años en que realizamos las entrevistas como durante el seminario Diálogo Universitario Boliviano (Cochabamba, febrero 1998) -citado en la Resolución condenatoria-, varios de los jueces que ahora nos condenan, inclusive alguno que la firma, manifestaron estar de acuerdo con las conclusiones del estudio. El propio CEUB parecía tener confianza científica en quienes ahora condena, puesto que, justo después de que otra Conferencia condenara a priori el simple intento de realizar este estudio (antes pues de empezar siquiera: no sólo se prohibe hablar, tampoco se puede mirar), no sólo nos allanó el camino para que pudiésemos proseguirlo, sino que tomó la iniciativa de proponernos la firma de un convenio de colaboración, lo que efectivamente se hizo.

Pero tenía que llegar un niño o un extranjero -como nosotros- para decir en público lo que todos saben: que el Emperador está desnudo, denunciando el doble lenguaje de toda secta, que tan atinadamente identificó Orwell. Pues la mejor prueba de que cuanto decíamos es verdad es que somos ahora objeto de los mismos tribunales de honor y del mismo doble-lenguaje de la nomenclatura universitaria. Nada podría avergonzarnos menos. Desde Galileo en adelante pasando por las quemas nazis de libros, la censura soviética o la más reciente fatwa contra Salman Rushdie, hay una larga tradición de defensa del pensamiento contra la censura, sea esta pública o privada. ¿A quien puede sorprender que el poder ilegítimo se defienda frente a la libre expresión mediante condenas, evitando los argumentos, de los que carece?

El gran problema es pues el que denunciábamos: ¿cómo reformar la Universidad si se prohibe hablar de ella? El bloqueo del dialogo interno de la universidad, que esta fatwa confirma, muestra pues dos cosas. De una parte, el control que la burocracia ejerce sobre la crítica, y sin crítica no hay ni democracia, ni avance del conocimiento, ni posibilidad de autoreforma. Y de otra, que al blindarse trasladan por completo la iniciativa de la reforma hacia fuera. Si la Universidad no puede auto-reformarse -que es, con mucho, lo mejor- deberá ser reformada desde fuera.

Pero ni Bolivia ni su universidad se merecen ese trato. Cuando la sociedad boliviana está haciendo un ímprobo esfuerzo por modernizar y democratizar su sociedad, el ejemplo de unos intelectuales que rehuyen el debate abierto, con argumentos y en revistas científicas, para sustituirlo por un "juicio" a un libro, es una mofa de la democracia y la libertad de expresión. Y que eso sea labor de universitarios roza la bufonada pues, ¿desde cuándo la universidad procesa, lleva a los tribunales, enjuicia y sentencia libros o ideas? ¿No es, por el contrario, el espacio por antonomasia de la libre expresión del pensamiento? ¿No es ese, y no otro, el sentido único y fundamento último de la autonomía universitaria? ¿Qué autonomía es esa que no soporta la crítica? No es que Bolivia se merezca otra Universidad, lo que por supuesto es así; es que la tiene ya, como demostramos en nuestro informe, y basta con que se la deje emerger liberada de dogmáticos Torquemadas de uno y otro signo.

Se nos pidió nuestra sincera opinión, como expertos, sobre la universidad boliviana, y la hemos dado, con llaneza y claridad, como hablan las personas, denunciando lo que nos pareció oportuno. Cuando lo hicimos muchos dudaron que el análisis fuera correcto. Pues bien, gracias a nuestros inquisidores por darle total credibilidad.

Madrid 1998